El SII dio un paso clave en materia de Precios de Transferencia: publicó sus primeros Indicadores de Industria, una herramienta de transparencia inspirada en el modelo de la Australian Taxation Office (ATO).El análisis se centra inicialmente en las actividades de distribución, ya que estas representan la mayor proporción de las operaciones con partes relacionadas en el exterior informadas mediante la Declaración Jurada 1907.
El SII construyó indicadores para 6 industrias (vehículos, tecnología, salud, alimentos y bebidas no alcohólicas, cuidado personal, bebidas alcohólicas) y definió 3 categorías de distribuidor según las funciones y riesgos que asume:
→ Rutinario: ejecuta funciones básicas de distribución, autonomía limitada.
→ Intermedio: además apoya marketing local y gestión comercial.
→ Especializado: define estrategia y asume riesgos relevantes
A cada categoría le asigna un rango de margen operacional esperado, y clasifica el resultado en riesgo bajo, medio o alto
Lo que pocos están viendo: el problema no es el margen que reportas, es la categoría en la que te clasifican. El SII no especifica cómo se ponderan las funciones y riesgos del cuestionario para asignar una categoría — los límites entre “apoyar y coordinar” (Cat. 2) y “decidir y asumir riesgos estratégicos” (Cat. 3) son una cuestión de grado, no un criterio objetivo. A eso se suman vacíos de transparencia metodológica (no se conocen los comparables ni el tratamiento de outliers), un alcance limitado (solo compra de bienes para reventa) y un efecto de umbral: décimas de margen pueden moverte de zona de riesgo.
La consecuencia práctica: dentro de la misma industria, puedes estar “bien” en una categoría y “mal” si te reclasifican en otra. Eso convierte el análisis funcional —documentado, defendible, propio— en la pieza más importante de la estrategia de precios de transferencia, más que nunca.
La intención declarada del SII es transparencia y autocumplimiento. Ojalá se mantenga así. El riesgo es que, en la práctica, estos indicadores terminen operando como un estándar indiscutible para los equipos fiscalizadores — convirtiendo lo que se presentó como referencia en una rentabilidad mínima exigida por industria, sin espacio para la realidad funcional de cada contribuyente.